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| El Movimiento Autónomo de Mujeres se apresta a iniciar la batalla internacional en busca de justicia para Fátima Hernández. LA PRENSA/ARCHIVO |
El Estado puede ser acusado “por violaciones expresas a compromisos internacionales y a leyes nacionales”, dijo Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
El MAM remitirá el expediente a varios de los Comités de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, anunció la dirigente de esa organización feminista.
Entre estos mencionó el Comité contra la Tortura, porque la violación ha sido reconocida como una forma de tortura, tanto en el ámbito doméstico como público.
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Las organizaciones de mujeres han reclamado constantemente justicia para las víctimas abusadas. LA PRENSA/Bismarck Picado |
Jiménez explicó que la gravedad de este caso radica en que toda sentencia de un alto tribunal se constituye en jurisprudencia y sienta precedente para el resto de la actuación policial.
Sobre todo —dijo Jiménez— porque ya existían dificultades con otros casos de abuso sexual donde pretendían exigir a la víctima la presentación de testigos o las señales de violencia cuando en este tipo de hechos es difícil.
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“El abuso sexual es una de las violencias más crueles, más difíciles de denunciar, porque son abusos que se dan (...) por personas cercanas a la víctima”. Juanita Jiménez, dirigente del MAM. LA PRENSA/Guillermo Flores |
LUCHAR CONTRA EL SISTEMA
La dirigente del MAM expresó que en su mayoría las víctimas deben luchar por la aplicación de la justicia. “El sistema las revictimiza”, lo que fue evidente en el caso de Hernández.
A criterio de Jiménez, ese caso de Hernández es emblemático, “pues refleja una situación particular del trato que la justicia da a las víctimas de violencia sexual”. Y está ligado a la falta de institucionalidad en el país.
Durante un foro las organizaciones de mujeres como el MAM analizaron la situación considerada como de gravedad, tanto por la violencia sexual contra niñas y mujeres, como por la búsqueda de justicia de parte de las víctimas.
Por este problema la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo pasado hizo varias recomendaciones al Estado de Nicaragua, por las que actualmente aún no hay respuesta. El gobierno de Daniel Ortega tampoco ha permitido que funcionarios del sistema interamericano puedan visitar el país.
“La situación se ha agudizado”, dijo Jiménez.
Las cifras oficiales revelan que cada día 14 mujeres y niñas son agredidas sexualmente. Más del 10 por ciento de estos casos corresponde a niñas menores de 13 años.
“La violencia es una epidemia que ha llamado la atención de Amnistía Internacional por lo que se está haciendo una denuncia mundial de la situación específica de Nicaragua”, dijo por su parte Ana María Pizarro.
laprensa
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