Criminalización de las Protestas.

Imagen cortesía del blogs casaenchihuahua.
«El Estado ejerciendo la represión a las protestas sociales campesinas.»

Apartir de la toma de protesta del presidente Inconstitucional en el 2012 se recrudeció el clima de criminalizar a las protestas sociales, el estado mexicano emplea la figura “Flagrancia Equiparada” como estrategia para criminalizar la protesta; la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dice que a través de la aplicación en algunos estados, se criminaliza, y se emplea para justificar detenciones masivas. La CIDH dice, que México es el tercer país de la región, luego de Estados Unidos y Brasil en cantidad de personas privadas de la Libertad.

En los 419 centros penitenciarios del país, alberga una población penal aproximadamente de 242,000 personas, de las cuales el 95% son hombres y el 5% mujeres, del total de personas encarceladas, 79% los son por delitos del fuero común y 21% del federal. Tomando en cuenta que la capacidad instalada es de 188,000 plazas, México tiene un nivel general de hacinamiento del 26% (eleconomista.com.mx).

El Estado mancilla y pisotea los derechos individuales y colectivos, apoyados por los jueces de la SCJN.

Para el estado todo lo que huela o tenga tintes colectivo, comunal, social, sindicatos progresistas e independientes, está bajo el ataque policiaco y de los poderes judiciales; el estado se da a la tarea de ejecutar por encargo de Estados Unidos con reformas Neoliberales y Globalizadas; tildando de terrorismo a los delitos comunes, mancillando y pisoteando los derechos individuales y colectivos, apoyados por los jueces de la SCJN, que se convierten en siervos, siendo cómplices corruptos al servicio de la oligarquía-estado; el problema de los jueces que no están sujetos a elección popular todo lo contrario, son elegidos por el ejecutivo y le deben su cargo incondicionalmente, y la cámara baja y alta se presta al circo democrático de ratificarlos.

La libertad de Expresión, el derecho a manifestarse es un delito, los impartidores la justicia se han convertidos en el brazo armado del poder político, que viola sistemáticamente las garantías individuales; según la CDHDF el DF ocupa el primer lugar en violaciones a los derechos a la libertad de expresión a comunicadores y participantes en las manifestaciones.

El estado usa la fuerza desmedida como instrumento de dominación y control hacía los manifestantes.

Diciembre 2012, en el país se duplicaron las violaciones, y dando como resultado ataques físicos y la prohibición al derecho de informar libremente; existe algo importante que no debemos perder de vista que la CDHDF, sólo se dedica a señalar y no toma acciones con otras instancias para evitarlas, y no se dan cuenta o bien no quieren ver que el estado usa el derecho como instrumento de dominación y control hacía los manifestantes, debemos tener en cuenta que la criminalización de las protestas están globalizadas, mencionando 2 casos, España y Brasil, que el modus operandis es infiltrar grupos antagónicos para causar destrucción y pillaje, los cuales no son detenidos, siendo los verdaderos causantes, sino se van al grueso de los inconformes que solo están ejerciendo su derecho pacíficamente, en la mayoría de los casos no se detienen a los responsables de los daños, a pesar que la policía que se encontraba en el lugar de los hechos, y luego con toda impunidad detienen arbitrariamente hasta a ciudadanos que en ese momento pasaban.
Con el uso de la fuerza física desproporcionada, están enviando un claro mensaje de lo que les sucederá si no se quedan en sus casas, el mensaje está mas que claro, infundir miedo a la población, que es un arma de control, un estado que usa el terrorismo con sus gobernados.