El lavado de dinero no se castiga en 20 estados

• Sólo 12 entidades del país tienen tipificado el delito de lavado de dinero, reveló ayer la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.

Durante la inauguración de un seminario internacional sobre prevención de este ilícito y financiamiento al terrorismo, en la Asociación de Bancos de México, urgió a los estados a legislar en la materia, una exigencia que, dijo, se ha reiterado en el interior de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Aseguró que el blanqueo de activos, además de legitimar ganancias derivadas de conductas criminales, ha desestabilizado la economía nacional, por lo cual, para combatirlo, pidió el respaldo de las instituciones bancarias que operan en México.

En lo que pareció un reproche a la indiferencia y complicidad, alertó: “Saber lo que debo y tengo que hacer y no realizarlo, es peor que la peor de las cobardías”.

Las 20 entidades sin instrumentos legales para luchar contra el lavado son Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Edomex, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Baja California y Colima.

Sólo tienen legislaciones antilavado Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, aunque no son homogéneas.

Morales afirmó que la fortaleza de las organizaciones del crimen organizado tiene dos orígenes: “sus recursos económicos se traducen en capacidades reales de cooptación y adquisición, y las armas que les permiten confrontar a grupos antagónicos y a las autoridades”.

Advirtió que el abatimiento de la violencia sólo será posible cuando se prive a los cárteles de sus recursos materiales y se minen sus fuentes de financiamiento.

Nivel federal. La Procuradora también develó pendientes legislativos en el ámbito federal; enumeró iniciativas que no se han aprobado y algunas que ni siquiera se han discutido como la Ley para Prevenir y Combatir las Operaciones con Recursos de procedencia ilícita, así como reformas tendientes a actualizar y fortalecer los tipos penales, establecer técnicas de investigación indispensables para la persecución del lavado, enfrentar las conductas delictivas que se relacionan con este delito y dotar de eficacia la figura de la extinción de dominio.

Entre las herramientas que aún se encuentran en papel, están la conceptualización de actividades vulnerables al lavado de dinero como la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteo; la emisión de tarjetas de servicios, de crédito o de cualquier otro instrumento utilizado como medio de pago para la adquisición de bienes o servicios o para la disposición de efectivo; la comercialización de cheques de viajero u otorgamiento de créditos por instancias distintas a las financieras.

Además, la prestación de servicios de construcción y desarrollo de bienes inmuebles; la comercialización de metales y piedras preciosas, joyas o relojes; la subasta de obras de arte; los servicios de blindaje de vehículos terrestres; la prestación de servicios de fe pública; y la distribución de vehículos, nuevos o usados, de tipo aéreo, marítimo o terrestre.

Las leyes que aún están congeladas contemplan la creación en la PGR de una Unidad Especializada en Análisis Financiero y Contable, cuyo titular tendría carácter de agente del Ministerio Público y contaría con oficiales ministeriales y personal especializado que podría consultar las bases de datos de la SHCP, pues esta dependencia estaría obligada a proporcionar la información requerida.

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