La estrategia militar contra el narcotráfico no combate al sistema económico-financiero de las organizaciones delictivas ni busca terminar con el consumo de las sustancias ilícitas; en cambio, deja numerosas violaciones a los derechos humanos de la población, aseguran especialistas. El país en “guerra” está desindustrializado, tiene la mayor pérdida de población en el mundo por la emigración, su economía apenas crecerá el 2 por ciento anual en las próximas dos décadas y en su territorio operan cientos de agentes estadunidenses para evitar que las drogas lleguen a sus consumidores.
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La “guerra” mexicana contra el narcotráfico le permite a Estados Unidos intervenir en las políticas de seguridad nacional, procuración de justicia, defensa y derechos humanos de México. Aunque es el principal país consumidor a nivel mundial de drogas, abandonó el concepto de “guerra contra las drogas” en su política interior e impidió que su ejército combatiera a los narcotraficantes. Sin embargo, avaló la estrategia militar del Ejecutivo mexicano porque favorece su interés de promover un Estado policiaco y subordinado en esa región.
Para alcanzar ese propósito, Estados Unidos lanzó una estrategia cuya primera fase responsabiliza a México de esa situación. La segunda fase difunde la presunta debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para combatir al narcotráfico, lo que justifica la injerencia de las instituciones de seguridad estadunidenses en el territorio nacional, señala Alberto Montoya Martín del Campo, investigador de la Universidad Iberoamericana.
La última fase del proceso, la cesión total de la soberanía de México, se alcanza cuando las instituciones responsables de contener al crimen organizado, el Ejército y los cuerpos policiacos, se someten a Estados Unidos al autorizarle realizar operaciones militares en territorio mexicano, incluso, instalar sus bases, explica Montoya.
Estados Unidos utilizó durante los últimos 25 años el concepto de “guerra” contra el narcotráfico frente al creciente consumo de drogas ilegales que amenazaba su seguridad pública; sin embargo, las propias autoridades declararon nula esa concepción.
En mayo de 2009, Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, declaró: “No importa cómo se intente explicar a la gente si es una guerra contra la droga o contra el producto; la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente de este país”. En consecuencia, el nuevo enfoque estadunidense busca reducir el consumo, dar prioridad al tratamiento y disminuir la encarcelación.
En junio de 2009, Andrew Selee, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, admitió: “Aunque hace 20 años el combate al tráfico de drogas ilegales y a los grupos delictivos trasnacionales era un tema más en la agenda binacional, actualmente es el prioritario”.
Selee explicó que su país no teme el ingreso de terroristas a su país desde México, sino que cruce su frontera sur la escalada de violencia –secuestros, desapariciones y homicidios–. Ante tal expectativa, respaldó la cooperación de su gobierno con las autoridades mexicanas para frenar a los cárteles.
El gobierno mexicano hace lo que aquel país ya dejó de hacer, pues considera que conviene a sus intereses geopolíticos, manifiesta Montoya.
“Guerra” al enemigo interno
La justificación del gobierno mexicano al lanzar la “guerra” contra las organizaciones del narcotráfico fue reducir su violencia. A pesar de los patrullajes y operativos del Ejército en diversas regiones del país, la violencia aumentó a niveles no observados en décadas, con más de 15 mil asesinatos en los últimos tres años, describe Montoya, autor de una investigación sobre los riesgos para la soberanía nacional de la estrategia militar contra el narcotráfico, que publicará la Universidad Iberoamericana.
Al sacar a las calles al Ejército, sin tratarse de una guerra contra otra nación, la misión del Ejército Mexicano se concibe como el enfrentamiento con un enemigo interno, que pone en riesgo a la seguridad nacional. Esa estrategia, señala el académico, afecta “severamente al Ejército”, pues lo expone al poder corruptor de la economía criminal, a la vez que lo lleva a un terreno estratégico ajeno a su mandato constitucional.
Además, anualmente desertan del cuerpo castrense unos 20 mil elementos, casi 150 mil en los últimos ocho años. Ese fenómeno debilita al Ejército –una institución que debía ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales–. En los hechos, se convierte en proveedora de cuadros capacitados en las disciplinas militares que ahora se dedican a actividades criminales.
También, el fracaso de la actual estrategia es “de suma gravedad para la nación”, porque pone en riesgo la soberanía, manifiesta el académico. Las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional. Una forma de vulnerarla es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución y que, por la complejidad de su misión, no podrán lograr los objetivos propuestos.
Bajo la lógica de esas acciones contra el crimen organizado, advierte Montoya, se corre el riesgo de dirigir al Ejército para contener la movilización y protesta social contra los intereses económicos de empresas globales, caciquismos regionales o acciones arbitrarias de los poderes políticos.
Por su parte, Guillermo Garduño Valero, especialista en fuerzas armadas, estima que la actual estrategia federal contra los grupos del narcotráfico no es una “guerra”, y menos una “guerra convencional”. Explica que se trata de una guerra entre un actor no estatal, el crimen organizado, que no aspira al poder –pero sí a dominar su esfera de influencia–. En su opinión, ese combate asimétrico no necesariamente ha dado la ventaja al Estado mexicano.
La actividad de esos actores no estatales tiene un carácter trasnacional, pues las cadenas del narcotráfico se extienden más allá de los límites territoriales. Para eliminarlas, el Estado requiere de acuerdos internacionales, con lo que la movilidad de las organizaciones del narcotráfico opera como una ventaja.
Para el analista, la violencia actual se creó a partir “de los repartos territoriales y de los acuerdos de largo plazo” que hubo entre los capos del narcotráfico y el Estado. Sostiene que “el crimen sí paga”. Los cuantiosos recursos que dispone el narcotráfico y la demanda cautiva de las drogas por la adicción de millones de consumidores “hacen imposible su desaparición por la vía armada”.
Finanzas, el frente olvidado
Hasta ahora, ninguna fase de esa “guerra” gubernamental contra el narcotráfico ha perseguido las finanzas ni las extraordinarias ganancias que genera la economía criminal como una política pública prioritaria, destacan ambos analistas. De esa forma, los grupos del narcotráfico tienen recursos económicos suficientes para debilitar a los gobiernos, y con éstos corrompen su estructura política, militar y financiera.
Alberto Montoya refiere que, según estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos medio millón de mexicanos obtienen su subsistencia a través de su participación en la producción o comercialización de drogas ilegales. Por lo tanto, el poder del narcotráfico no radica en su armamento, logística, capacidad de fuego u organización, sino en las extraordinarias utilidades que genera ese sistema de economía criminal.
La economía criminal, controlada desde Estados Unidos en sus fases de consumo, trasiego y lavado de dinero, no ha sido afectada por la estrategia del gobierno mexicano. Esto permite vaticinar que en el futuro próximo seguirá la oferta de esas drogas hacia Estados Unidos, México y otras partes del mundo, advierte el analista. De igual forma, las utilidades del negocio del narcotráfico ya lavadas seguirán fluyendo para los protagonistas de esa estructura ilegal.
En México, el lavado de dinero se criminalizó desde 1989. Hasta la fecha, sólo se han obtenido 47 sentencias por ese delito, aunque, en la Procuraduría General de la República, existen 496 averiguaciones previas sobre esa materia, cita el investigador. El Fondo Monetario Internacional señala que, entre 2006 y 2008, remitió 126 denuncias que podrían tipificarse como ese delito y que suman más de 31 mil millones de pesos.
“El ciclo económico del sistema de economía criminal debería ser el hilo conductor de cualquier estrategia que verdaderamente tuviera el objetivo de desmantelar esta actividad”, refrenda Montoya.
A su vez, Guillermo Garduño Valero explica que las finanzas mundiales se apoyan en la prohibición de las drogas y su economía subterránea. Si la cocaína fuera legal, el costo de 1 kilogramo requeriría una inversión no mayor de entre 100 y 150 dólares, pero al no serlo, al salir del sitio de producción (la selva colombiana) hacia su lugar de consumo, su precio es de 2 mil 500 dólares por kilogramo, y alcanza los 132 mil dólares en el mercado al menudeo de Estados Unidos.
El valor agregado del producto es que se lo aproxima al consumidor. En México, sería de unos 32 mil dólares en la frontera, y de 6 mil dólares en la capital del país. Esa cifra varía si se trata de Panamá o de otros países.
Causas del fracaso
Para Alberto Montoya Martín del Campo, son cuatro las causas que explican el fracaso de la estrategia mexicana contra los grupos del narcotráfico. Además de las utilidades “extraordinarias” que produce la economía criminal, están: el poder corruptor universal de esa economía, la necesidad de legitimación política del gobierno federal al recurrir a las fuerzas armadas y el interés geopolítico estadunidense por establecer lo que denomina un “Estado policiaco en México”.
El poder corruptor que tienen las utilidades de la economía criminal sobre la sociedad e instituciones públicas, en la generación y legitimación de sus utilidades ilegítimas, conlleva una violencia intrínseca que no resuelve las disputas por negocios y mercados por las que se lanzó esta “guerra”.
La decisión del gobierno de responder con tácticas militares a un problema que no puede ser resuelto por las mismas, es otra causa del fracaso, porque requiere una estrategia integral que elimine el origen criminal y sólo se interpreta como su necesidad de legitimación política.
La cuarta causa del fracaso en la estrategia militar contra el narcotráfico radica en el interés geopolítico estadunidense de mantener y profundizar la dependencia económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política mexicanas a sus intereses.
Por esa razón, refiere el académico de la Universidad Iberoamericana, el papel funcional de la economía criminal para la subordinación de México a Estados Unidos se dirige hacia el eventual control de sus fuerzas armadas, el sistema judicial y las policías mexicanas.
En contraste con el auge de la economía criminal, la del Estado mexicano muestra una postración y debilidad estructural, juzga Montoya. El país se desindustrializó y es altamente dependiente en su alimentación: se importa el 25 por ciento del maíz, 60 por ciento de la carne de cerdo, 80 por ciento del arroz, 50 por ciento del trigo, y es primer importador mundial de leche.
La dependencia energética se traduce en el control de firmas trasnacionales del 70 por ciento de la exploración y extracción de crudo, así como del 50 por ciento de la generación de trasnacionales; además de que se importa el 40 por ciento de la gasolina.
Además, los Servicios Económicos del Grupo BBVA estiman que México crecerá en promedio 2 por ciento anual durante los próximos 20 años. Por consiguiente, para Alberto Montoya, México no es un Estado “fallido”, sino uno dependiente, con limitada soberanía económica y una economía política controlada en grados diversos por intereses externos.
¿Qué hacer?
Tras concluir que la actual estrategia del gobierno mexicano conduce al fracaso, Alberto Montoya propone medidas para recuperar el poder institucional y la soberanía del país: regresar el Ejército a los cuarteles; revertir las modificaciones jurídicas, institucionales y políticas que conducen a un Estado policiaco; restablecer el control del Poder Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones de procuración de justicia; suspender la “ayuda” económica, militar y tecnológica que el gobierno estadunidense otorga al Ejército Mexicano para “reducir territorios ingobernados”; exigir la transparencia del sistema financiero y confiscar los bienes del sistema de la economía criminal y exhibir públicamente a las empresas que colaboran con ella.
Enfatizar en la prevención, especialmente entre los jóvenes y tratar como enfermos a los adictos, pues estima que los consumidores en México equivalen al 0.40 por ciento de la población (unos 540 mil ciudadanos). Montoya se manifiesta por legalizar la producción y el consumo medicinal de la marihuana, apoyado en el resultado infructuoso de la meta de “un mundo sin drogas para 2008”, que propuso, en 1998, la sesión especial de Naciones Unidas bajo la política de prohibición. Doce años después, Antonio María Costa, director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reconoció que el resultado imprevisto de ese control fue el fortalecimiento del crimen organizado.
También recuerda que la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que lideran los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, recomendó, como primer paso, legalizar la producción y el consumo de marihuana, considerada la droga ilegal menos peligrosa.
El también docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guillermo Garduño Valero, observa que Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas ilícitas, está consciente de que éstas no pueden desaparecer súbitamente de su mercado interno. Hacerlo, dice, provocaría “un estado de ansiedad de millones de usuarios en menos de 24 horas”, y todo su sistema hospitalario no alcanzaría a cubrir una emergencia de esa naturaleza.
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